Más de 200 agricultores del Campo de Cartagena denuncian ante la justicia la "mal llamada" Ley del Mar Menor

Más de 200 agricultores del Campo de Cartagena han presentado una reclamación colectiva por la "inconstitucionalidad y la mal llamada" Ley del Mar Menor, ya que "desnaturaliza la agricultura y la hace irreconocible".

"La Ley del Mar Menor prohíbe los usos agrícolas normales y atenta contra derechos constitucionales como la libertad de empresa y de propiedad", explica Santiago González-Varas, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Alicante y quien ha hecho el informe de apoyo al escrito de los agricultores.

Según el jurista, "se pueden admitir usos restrictivos, pero no se puede producir una ablación de los usos agrícolas esenciales cuando hay soluciones que permiten compatibilizar agricultura y Mar Menor".

"La Ley del Mar Menor produce la impracticabilidad sin más de los derechos agrícolas conforme a un común entendimiento", detalla González-Varas.

En su escrito, la abogada señala que "se obliga a las explotaciones agrícolas, sin el derecho de aprovechamiento de aguas, a transformar el suelo agrícola en suelo forestal". "Esta medida carece de equilibrio y es desproporcional al posible incumplimiento", aclara González-Varas.

En ese sentido, los juristas citados indican que "se dirigen a la administración murciana para solicitar la petición de usos agrícolas, que se corresponden con un entendimiento elemental de la agricultura".

"Pedimos usos agrícolas normales que ahora la ley prohíbe. O el Tribunal Superior de Justicia tendrá que elevar cuestión de inconstitucionalidad o cuestión prejudicial al Tribunal Europeo de Luxemburgo, no hay otra", alega la abogada Inmaculada de la Fuente Cabero.

A su vez, señala que los fundamentos jurídicos de esta reclamación se apoyan en la doctrina del Tribunal Constitucional. "Se ha hecho un gran esfuerzo por basar las peticiones en la propia sentencia que declaró recientemente la desestimación del Recursos de Inconstitucionalidad del partido político VOX, nos apoyamos en los nuevos parámetros de necesidad e idoneidad de esa sentencia", aseguran González-Varas y de la Fuente Cabero.

Por su parte Natalia Corbalán, directora de Fundación Ingenio, que ha coordinado y asesorado a los agricultores en la denuncia colectiva, lamenta que "siempre se ponga el foco en la agricultura y el sector agrario, porque es perfectamente posible compatibilizar la agricultura y la defensa del Mar Menor, y además es algo que promueven desde la Unión Europea".

Sin embargo, "aquí se ha buscado como cabeza de turco a los agricultores. Las administraciones se han extralimitado, llevando a la ruina a miles de trabajadores del campo honrados y decentes, y no vamos a permitirlo", lamenta Corbalán.

Al mismo tiempo, critica "la inacción de medidas políticas que podrían solucionar el problema como el Plan Vertido Cero". No entiende esa prohibición "absoluta" sobre la agricultura.

La causa del problema, a su juicio, "es multifactorial, como el estrechamiento de las golas, la falta de infraestructuras por parte de las administraciones públicas que no invierten en depuradoras, o en sistemas óptimos de alcantarillado, en prevenir las escorrentías cuando llegan las DANAs, la protección contra los vertidos tóxicos de las minas, y un sinfín de factores que obvian por completo en esta Ley".