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La Asamblea Regional de Murcia ha rechazado la propuesta del PSOE que buscaba hacer universidades públicas gratuitas para los estudiantes que aprueben sus asignaturas en primera matrícula. En la actualidad, solo los alumnos que obtienen matrícula de honor están exentos del pago para el siguiente curso. La iniciativa del PSOE, presentada por el diputado José Antonio Campos, pretendía bonificar el 99% de los créditos aprobados en primera matrícula.
Durante el debate parlamentario, los diputados del PP y VOX defendieron la idea de premiar la excelencia académica y ofrecer apoyo a quienes realmente lo necesitan. Sin embargo, ambos partidos se mostraron en contra de la gratuidad total de las universidades.
El diputado del PP, Víctor Martínez-Carrasco, argumentó que "cualquier contribuyente apoyaría establecer requisitos lógicos vinculados al esfuerzo y a las necesidades reales económicas". Añadió que "es razonable que los contribuyentes no estén de acuerdo en ofrecer ayudas sin condiciones".
José Antonio Campos, del PSOE, recordó que el Gobierno regional se comprometió a ayudar a los estudiantes, pero no ha cumplido. "Si se trata de aliviar los bolsillos de los estudiantes y sus familias, no hay prisa, pero cuando se trata de perdonar impuestos a los más ricos, se actúa rápidamente", afirmó.
En otro tema, el PP aprobó una moción en contra del Plan Hidrológico del Tajo, sin el respaldo de los socialistas. Jesús Cano, del PP, destacó que "han pasado casi 5 años desde que Pedro Sánchez prometió el fin de los trasvases, pero solo parece referirse al Tajo-Segura".
El socialista Alfonso Martínez reconoció que, aunque el Plan Hidrológico "no ha quedado como esperábamos", se lograron 700 millones de euros para ampliar e interconectar desaladoras con energías fotovoltaicas y 400 millones para subvencionar agua desalada. Aseguró que con un Gobierno del PSOE "a la Región nunca le ha faltado ni le faltará agua".
Durante el Pleno, también se debatió una moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, liderada por María Marín de Unidas Podemos. La moción pedía garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el sistema público de salud, incluyendo la rescisión de contratos con clínicas privadas. Sin embargo, tanto la moción como la enmienda del PP fueron rechazadas.
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