El Gobierno regional y la Asociación Nacional de Afectados por la Okupación han acordado trabajar de forma conjunta. Su objetivo es impulsar las acciones encaminadas a combatir "la impunidad" de este fenómeno delictivo. El mismo se está generando con mafias especializadas en la usurpación y el allanamiento de viviendas en España.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, ha mantenido este viernes una reunión telemática con el presidente de la Asociación de Afectados por la Okupación, Antonio Miranda. El primero estaba interesado en el avance legislativo que supone el Decreto-Ley aprobado por el Ejecutivo regional, que entra en vigor hoy.
"La okupación no es un un derecho", ha manifestado el consejero. Ha insistido en que "el Ejecutivo regional está firmemente comprometido. Y, por eso, desde la Región de Murcia practicamos la tolerancia cero de estas prácticas ilícitas. Las mismas impactan en la seguridad de los vecinos que las sufren y degradan los barrios que se ven afectados en todo el territorio nacional".
Díez de Revenga y Miranda han coincidido en el diagnóstico del tipo de personas que ocupan viviendas. Así, "mayoritariamente son organizaciones delictivas que vulneran el derecho a la propiedad privada consagrado en la Constitución Española".
"No se trata de personas vulnerables, porque estos casos están cubiertos por servicios sociales a través de ayudas que damos desde las administraciones públicas", ha afirmado el consejero.
Asimismo, ha agradecido a la Asociación su voluntad de participar en la redacción del Protocolo de detección temprana de la okupación. Y del Manual de buenas prácticas que está preparado la Administración regional en colaboración con sectores y profesionales relacionados con la vivienda.
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