Ecologistas en Acción tramitó 244 asuntos ambientales en los tribunales durante 2020, 54 en la Región de Murcia

Ecologistas en Acción tenía abiertos en los tribunales 244 asuntos medioambientales en 2020, 14 de ellos en la Región de Murcia. A pesar de que la organización valora el aumento de sentencias condenatorias a los incumplimientos de la legislación ambiental, denuncia que "muchas" de ellas "no se ejecutan", lo que genera "impunidad".

El coordinador del área jurídica de Ecologistas en Acción, Jaime Doreste, ha señalado a Europa Press que pese a tener la razón en las sentencias, "muchas de ellas firmes", no se consiguen ejecutar "debidamente". Así, ha puesto de ejemplo los casos como la isla Marina de Valdecañas, el soterramiento de la M-30 que "no se levantarán" o el caso del hotel El Algarrobico.

La organización destaca que, entre los 244 asuntos llevados ante la justicia durante el pasado ejercicio, hay procedimientos como recursos contra licencias o planes urbanísticos, instalaciones de residuos, autorizaciones de canteras, macrogranjas, proyectos de minería, infraestructuras de transporte como autopistas o protección de vías pecuarias o caminos públicos.

Además, ha llevado a los tribunales cuestiones relacionadas con la falta de planes contra la contaminación del aire, gestión de espacios protegidos, denuncias por delitos contra la fauna y furtivismo, vertidos industriales y de depuradoras, incendios en vertederos y plantas de almacenamiento de residuos o asuntos de prevaricación urbanística, entre otros muchos temas.

A diciembre de 2020 se mantienen 152 asuntos contenciosos administrativos; 90 penales y dos civiles. Por territorios, los asuntos en los tribunales se reparten con 91 en Andalucía, 54 en Castilla y León, 23 en Madrid, uno en Asturias, 13 en Cantabria, dos en Aragón, diez en Castilla-La Mancha, siete en Cataluña, uno en Islas Baleares, cuatro en País Vasco, diez en Extremadura, 14 en Murcia, uno en Melilla, dos en Navarra, siete en el Comunidad Valenciana y cuatro en Canarias.

La ONG lamenta que la "batalla contra la degradación ambiental no siempre genera los resultados esperados" ya que asegura que aunque las resoluciones judiciales suelen ser favorables a las organizaciones ecologistas y anulan autorizaciones o medidas aprobadas por las administraciones pero en la mayoría de las ocasiones resulta "muy difícil" ejecutar las sentencias y restaurar el medio ambiente alterado.

Como ejemplo pone la urbanización, declarada ilegal" de Marina Isla de Valdecañas en Extremadura o la ampliación de la carretera M-501 entre Madrid y Ávila. Así, añade que aunque muchos de estos casos se presentan por agresiones al medio ambiente de empresas o de particulares, sobre todo las denuncias penales, la "gran mayoría" de sus actuaciones judiciales, sin embargo, son motivadas por resoluciones o acciones contrarias a derecho llevadas a cabo por las administraciones públicas.