La ley educativa conocida como 'Ley Celaá', prohibirá la financiación de los colegios concertados a través del pago de cuotas mediante actividades extraescolares o donaciones a sus fundaciones. Asimismo, se impedirá financiar a los colegios que segreguen por género.
De tal forma, una de las novedades mencionada por la Comisión de Educación del Congreso, también perjudica a los colegios concertados. Entre estas nuevas medidas se encuentra la prohibición de ceder suelo pueblo a estos colegios.
Otro requisito que dicta la nueva ley y cambia el sistema educativo es aumentar hasta un 30% el requisito de proximidad al centro para la admisión del alumno o alumna. Asimismo, se mantienen otros como: tener hermanos o hermanas en el mismo centro; la proximidad al trabajo de padres o tutores; el de familia numerosa; y la condición de víctima de violencia de género.
También, una nueva enmienda dictada consiste en la obligación de suspender, únicamente, un curso en primaria y otro solo en secundaria.
El objetivo de la propia ley es garantizar la posibilidad de escolarizar a todos los alumnos "sin discriminación por motivos socioeconómicos".
La iniciativa, impulsada por ERC, pretende eliminar el castellano como lengua vehicular de su territorio en el ámbito educativo, aunque la educación se de en castellano.
De tal manera que pretende que las comunidades autónomas puedan determinar cuál es la lengua vehicular de su territorio en la enseñanza .
El texto de la Comisión de Educación del Congreso aboga también por el estudio de la memoria democrática, aunque no especifica la edad en la que se impartirá dicha asignatura. La nueva enmienda impulsada defenderá la enseñanza de la historia democrática en España, desde sus orígenes hasta la actualidad, y haciendo hincapié en la lucha de la igualdad por parte de las mujeres.
"Permitirá asentar los valores cívicos y contribuirá en la formación de ciudadanas y ciudadanos más libres, tolerantes y con sentido crítico", sostiene el texto.
Una ley criticada por la oposición y sobre todo por la enmienda publicada, la última semana, por el PSOE, Unidas Podemos y ERC. A favor de la suspensión de la ley educativa que hace referencia al castellano como "lengua vehicular" en la enseñanza".
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