La consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano, ha asegurado este miércoles, en relación a las protestas del sector del transporte escolar, que su departamento se rige por la aplicación "estricta" de la Ley, con el fin de que "se gestionen los recursos públicos de la mejor manera para todos los contribuyentes".
En una rueda de prensa convocada de forma urgente, Campuzano ha explicado que el acuerdo marco publicado el pasado lunes pretende "resolver un contrato vigente desde 2009 que no puede prorrogarse porque tiene todos los informes en contra de todos los estamentos de la Administración".
Esto "parece que no es aceptado por una serie de empresas que pertenecen a esta asociación --en referencia a Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet)--, que han decidido hacer, no un paro o huelga como ellos manifiestan, sino un incumplimiento del contrato que tienen con la Consejería", ha dicho.
Asimismo, ha considerado que los promotores de las movilizaciones hacen "un flaco favor" a sus asociados "cuando les incitan a cometer esa serie de actuaciones que va a tener graves consecuencias para ellos".
En este sentido, Campuzano ha manifestado que existe un contrato marco, "que es lo que garantiza la igualdad, la agilidad y la transparencia a la hora de concertar con la Administración", creado para "solventar esa situación que teníamos irregular desde 2009" y garantizar así que las empresas concurran "en competitividad", además de "ajustar los precios al mercado".
"No se pude presionar para que no se cumpla la ley", ha añadido Campuzano, quien ha aclarado que "ellos tienen un tipo de contrato que no admite indemnizaciones dinerarias, sino una prórroga por el mismo tiempo que se suspendió el contrato durante la pandemia, que son cuatro meses, que es lo que se les ha proporcionado".
Ha criticado que los promotores de las protestas hayan sido "capaces" de dejar a niños, incluso algunos matriculados en centros de educación especial, en las paradas de autobús, y, en este sentido, ha querido agradecer a los centros escolares y a las familias "lo bien que han subsanado el trastorno que les ha ocasionado la falta de servicio del transporte escolar".
Además, ha advertido de que "ya están en marcha los expedientes" porque el incumplimiento del contrato "tiene unas consecuencias muy graves". "Tienen que tener claro que los contratos se cumplen, y que quien no es capaz de cumplirlos no puede seguir contratando con la Administración pública", ha añadido.
Respecto a las posibles consecuencias, ha precisado que las determinarán "los procedimientos administrativos", si bien ha avisado de que serán "muy graves".
"De 15 millones que paga la Consejería a estas empresas de transporte se han abonado siete más por desdoblamiento de rutas. Ya hemos sufragado bastante todo el proceso del Covid", ha apostillado la consejera de Educación.
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